Tribunal ordena indemnización en favor del Estado por 5 mil millones al condenar altos mandos militares en caso de corrupción Estado saluda fallo que impone 20 años de prisión a mayores generales activos y reconocimiento como víctima de esta red

SANTO DOMINGO.-El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ordenó una indemnización por cinco mil millones de pesos en favor del Estado dominicano al reconocer que los hechos de corrupción en los que incurrieron los altos mandos militares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Policía turística (CESTUR) ocasionaron daños civiles, reputacionales y morales al Estado, por lo cual debe ser resarcidos.

La sentencia que condena a 20 años de prisión a los exdirectores del CUSEP y el CESTUR: Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robioú, así como otros 27 imputados, constituye un precedente en la lucha contra la corrupción y la impunidad al reconocer el daño.

“Esta sentencia es significativa y ejemplar y sobre todo histórica”, expresó José Alberto Ortiz del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) al referir que es la primera vez que una cúpula militar activa es condenada en los tribunales de la República por hechos cometidos durante el ejercicio de una función pública.

Al destacar la decisión emitida por las juezas que componen el Primer colegiado, Ortiz, quien estuvo acompañado de Rafael Rivas, uno de los coordinadores del ERPP y el abogado Alberto Caamaño, enfatizó que esa “es la indemnización más alta que se ha otorgado en favor de una víctima en un caso de corrupción pública”.

La decisión, cuya lectura íntegra esta pautada para el 14 de agosto, representa un hito específico en materia de corrupción pública, por reconocer al Estado dominicano como víctima directa de graves daños patrimoniales, institucionales y morales.

“Reconocieron que el Estado dominicano sufrió un daño reputacional, reconocieron el daño que sufrió la institución del presidente de la República, reconocieron el daño que sufrió el turismo dominicano, a través de la policía turística, y sobre todo, son cinco mil millones que van a retornar a las arcas del pueblo dominicano tal y como el presidente Luis Abinader prometió al contratar este equipo de abogados”, enfatizó.

El ERPP sostuvo que esta indemnización no debe ser vista como una cifra abstracta, sino como una herramienta de reparación social. Los fondos recuperados por el Estado pertenecen al pueblo dominicano y deben traducirse en obras, servicios públicos, fortalecimiento institucional y garantías de no repetición.

Asimismo, el Equipo valoró el trabajo del Ministerio Público, de los órganos de investigación, de los peritos, testigos y abogados del Estado que participaron en el proceso, así como la independencia del tribunal al dictar una decisión fundada en la prueba producida durante el juicio.

El ERPP dará seguimiento a las fases posteriores del proceso, incluyendo los eventuales recursos que puedan interponerse, así como a las acciones necesarias para hacer efectiva la indemnización reconocida a favor del Estado.