La lacra de las bombas de racimo: aumento de víctimas, violaciones del tratado y retrocesos en el desarme

Las bombas de racimo producen bajas imprevisibles y evitables en la población civil pero, paradójicamente, su uso no deja de aumentar en las guerras contemporáneas. Así lo detalla el informe anual de la alianza de ONGs Cluster Munition Coalition (CMC), que constata cómo al menos 314 civiles murieron por este armamento en 2024.

Las víctimas de este tipo de artefacto, sean militares o civiles, no deberían existir. La Convención de Oslo de 2008 prohibió explícitamente el uso de estas municiones. No obstante, en conflictos como el ucraniano se han convertido en modus operandi de ambos contendientes: solo en ese país se han registrado unos 1.200 muertos y heridos desde el inicio de la contienda a gran escala en 2022, según el documento, siendo este el decimosexto que elabora el centro de monitoreo.

Las bombas de racimo han sido utilizadas igualmente a lo largo de 2024 en Myanmar (Birmania) y Siria, mientras que en Tailandia aparecieron más recientemente, durante el breve conflicto fronterizo con Camboya en julio. Israel, por su parte, denunció el uso de este armamento en los ataques lanzados por Irán.

La peligrosidad del artefacto

Casi 200 de las 314 muertes provocadas por estas municiones se produjeron en Ucrania, cifra que, advierte la CMC, probablemente esté por debajo de la real debido a decenas de incidentes no contabilizados. A los ataques deliberados contra hospitales, infraestructuras energéticas o instalaciones médicas se suma un agravante técnico: cuando la munición detona —en el aire o al impacto— dispersa múltiples submuniciones sobre un área extensa.

Los dos principales problemas son su patrón de dispersión, que multiplica los blancos (indeseados), y la elevada tasa de fallos, que convierte a muchas submuniciones en minas improvisadas. De hecho, los datos revelan que 257 personas murieron por los ataques directos, mientras que 57 fallecieron tras la explosión de restos abandonados. Los niños representan el 42% de las víctimas, lo que da cuenta de la dimensión humanitaria de esta práctica bélica.

La transgresión de las «normas de la guerra»

La Convención sobre Municiones en Racimo (2008) prohíbe no solo su uso, sino también la producción, transferencia y almacenamiento. Sin embargo, Ucrania y Rusia no se encuentran entre los 112 Estados parte, ni Myanmar o Siria. Estados Unidos, Finlandia, Polonia, Rumanía o Grecia tampoco se han adherido.

El informe recoge con especial preocupación la retirada de Lituania de la convención el pasado marzo, primer caso en 17 años. «Abandonar una convención que prohíbe el uso de armas indiscriminadas socava gravemente ésta, con consecuencias catastróficas para el Estado del derecho internacional que protege a los civiles», advirtió la directora de la CMC, Tamar Gabelnick.

En contraste, desde mediados de 2023 se sumaron tres nuevos miembros (Nigeria, Sudán del Sur y Vanuatu), lo que eleva a 112 los Estados parte. Según la coalición, ninguno de ellos ha empleado bombas de racimo desde la entrada en vigor del tratado, lo que demuestra su eficacia cuando hay compromiso.

Transferencias y nuevas evidencias

Pese a la prohibición, la realidad del mercado armamentístico es otra. El informe documenta al menos siete transferencias de bombas de racimo desde Estados Unidos a Ucrania, algunas de las cuales transitaron por Alemania, país que sí es miembro de la convención. Además, se confirma que proyectiles norcoreanos fueron empleados en el frente ucraniano, sumándose a una lista de productores que incluye a Rusia, China, India, Pakistán, Israel, Irán, Turquía, Brasil o las dos Coreas.

Desde 2008, 42 Estados han destruido sus arsenales de bombas de racimo —1,49 millones de unidades—, siendo Perú el último en completar esta tarea en diciembre de 2023. No obstante, se estima que 29 países continúan contaminados por restos de este armamento, incluidos Estados miembros como Afganistán, Alemania, Chile o Somalia. Solo en 2024 se limpiaron 100 kilómetros cuadrados y se destruyeron 83.000 submuniciones, el número más alto de los últimos cinco años.

La próxima reunión de los Estados miembros, del 16 al 19 de septiembre en Ginebra, servirá para analizar no solo los datos del informe, sino también el impacto político y jurídico de la retirada lituana.

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