El Mundo
La CPI y los crímenes de guerra de Sudán
La Corte Penal Internacional (CPI) ha declarado culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad a Ali Muhammad Abd al Rahman. Los hechos juzgados se remontan a algo más de 20 años atrás, en la guerra que devastó la provincia de Darfur, al oeste de Sudán. Abd al Rahman, alias Ali Kushayb, escuchó sin inmutarse el pasado 6 de octubre…
La Corte Penal Internacional (CPI) ha declarado culpable de crímenes de guerra y de lesa humanidad a Ali Muhammad Abd al Rahman. Los hechos juzgados se remontan a algo más de 20 años atrás, en la guerra que devastó la provincia de Darfur, al oeste de Sudán. Abd al Rahman, alias Ali Kushayb, escuchó sin inmutarse el pasado 6 de octubre el fallo del tribunal, que tiene su sede en La Haya.
Abd al Rahman era uno de los cabecillas de la temida milicia árabe Yanyauid, responsable de la muerte de decenas de miles de civiles. Como líder del grupo armado ordenó la ejecución de miles de personas. A dos de ellas las asesinó él mismo a hachazos. Es la primera vez que la CPI condena a un responsable por los crímenes de Darfur. No es el único en la lista de crímenes cometidos entonces, ni de los que se están perpetrando en la actual guerra.
La historia del Sudán independiente está asociada a conflictos armados casi permanentes. Desde que se liberó de los colonizadores británicos, hace casi siete décadas, ha estado en guerra 56 años. Se dice pronto. Es la suma del tiempo que duraron los tres conflictos que ha sufrido desde entonces, con un saldo de más de tres millones de muertos, además de desastres naturales y episodios de hambruna. El país se escindió en 2011 y nació Sudán del Sur, país no exento tampoco de sangrientos conflictos armados internos.
Varias personas desplazadas en la región de Darfur (Sudán). / Reuters
A las tres guerras hay que sumar la de ahora, que estalló en abril de 2023 y que enfrenta a dos militares acusados también de crímenes de guerra. El general Abdelfatah al Burhan, máximo responsable de las Fuerzas Armadas del Sudán (FAS) y presidente de facto del país, y el también general Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti, que dirige el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Los dos participaron también en la anterior guerra de Darfur. Una auténtica limpieza étnica ordenada por el entonces presidente sudanés, Omar Al Bashir, conocido como «el carnicero de Darfur». En el 2009, la CPI lanzó una orden de detención contra el exmandatario acusado de genocidio.
Al Bashir fue expulsado del poder en 2019 tras un golpe de Estado urdido por sus subordinados, Burhan y Dagalo. Previamente hubo masivas protestas en el país exigiendo democracia. Destronado el dictador, que permanece inmune en Sudán, el país entró en una fase de transición cívico-militar hacia unas elecciones democráticas, que nunca se celebraron. En vez de abrir las urnas, los dos generales dieron otro golpe y optaron por disputarse el poder con las armas.
Minas de oro
Actualmente, los combates más intensos se centran de nuevo en Darfur. Son las fuerzas de Dagalo las que controlan gran parte de este territorio, que concentra las minas de oro más importantes del país. Los yacimientos están en el norte, cerca de la capital de la provincia, El Fasher. Desde hace más 500 días, Dagalo, que cuenta entre sus fuerzas con mercenarios colombianos, mantiene un brutal asedio a esta ciudad, último bastión en esta región de Al Burhan. Más de 260.000 civiles están atrapados en El Fasher y en los campos de refugiados próximos sin apenas ayuda humanitaria.
Archivo – Una calle en la ciudad sudanesa de Al Fasher durante los combates entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) / Stringer/Imageslive Via Zuma Pre / Dpa – Archivo
Al Burhan, por su lado, se mantiene fuerte en Port Sudán, ciudad situada en el mar Rojo y de gran valor estratégico ya que por ahí transita el 40% del comercio marítimo entre Asia y Europa. La capital de país, Jartum, pasa de mano en mano en una pugna continua.
Como ya ocurrió en el pasado, los dos generales son responsables de ataques a civiles, escuelas y hospitales, además de usar la violación como arma de guerra. Secuestran y reclutan a niños y saquean y obstaculizan la entrega de ayuda humanitaria, según denuncian las organizaciones de derechos humanos.
El conflicto ha forzado la huida de sus casas a 12 millones de personas. De todos ellas, un tercio a países vecinos, como Sudán de Sur. Se da el trágico caso de que muchos de ellos son ciudadanos del Sudán del Sur que escaparon de la guerra civil que libró su país entre 2013 y 2020. Se refugiaron en Sudán y ahora escapan de esa guerra para protegerse en su tierra natal. La mitad de los 50 millones de sudaneses dependen de suministros alimentarios de emergencia. Y dos millones corren en riego de sufrir la hambruna, según un informe de Human Rights Watch hecho público el pasado mes de junio.
Mensaje a los perpetradores
La CPI empezó a funcionar en 2003 y la reconocen 125 países. Entre ellos no están EEUU, Rusia, China o Israel. De hecho, el presidente Donald Trump ha impuesto sanciones al tribunal internacional. La CPI era una de las favoritas para ganar este año el Nobel de la Paz. Sudán no está en la lista de siete guerras que Trump dice haber «terminado».
En un comunicado, la fiscal adjunta de la CPI, Shameen Khan, afirmó que la condena a Abd al Rahman «envía un mensaje a los perpetradores de atrocidades en Sudán, tanto pasados como presentes». En su escrito afirma que «la justicia prevalecerá y que rendirán cuentas por infligir un sufrimiento indescriptible a los civiles». Sin duda, un mensaje dirigido a Al Durhan y Dagalo.
La sentencia contra Abd al Rahman se conocerá en los próximos días. Podría ser condenado a cadena perpetua.
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