La Autoridad Palestina busca participar en la gestión de Gaza con las reformas exigidas por Trump

Vuelta a la casilla de salida. El alto el fuego en Gaza y la hoja de ruta de Donald Trump para gestionar el futuro posbélico del enclave han puesto a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) del presidente Mahmud Abás ante una disyuntiva conocida: reformarse o ‘morir’, reformarse o perpetuar su estruendosa irrelevancia. El plan estadounidense sostiene que una suerte de consejo de administración presidido por él mismo y dirigido por el británico Tony Blair se encargará de planificar la reconstrucción de Gaza y manejar sus fondos hasta que la ANP «haya completado su programa de reformas». Solo entonces, dice el documento, podrá «tomar el control de la Franja de forma segura y efectiva». El plan ha sido aceptado por el presidente palestino, pesar de que Israel sigue repitiendo que no permitirá que la ANP retome el poder en la Franja, monopolizado por Hamás desde 2007.

No le quedan muchas más cartas al Gobierno de Ramala, el único legítimo a ojos de Occidente. Saboteado por Israel, maniatado por fatiga de los donantes internacionales y vilipendiado por buena parte de la sociedad palestina, el plan estadounidense le permite ganar tiempo hasta que se despeje el horizonte en Gaza y tratar de recuperar por el camino el favor de su público, más hambriento de reformas que nadie. «La ANP quiere volver a la Franja, de eso no hay duda, pero no puede hacerlo sin ayuda porque Hamás sigue controlando Gaza, donde mantiene una popularidad significativa», asegura el politólogo palestino Asad Abdul Rahman, quien fuera durante muchos años miembro del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). La vía, por tanto, pasaría por esperar al desarme de Hamás y al despliegue de una fuerza internacional de estabilización en Gaza, como prescribe el plan de Trump.

Entre tanto sus funcionarios han comenzado a implementar las reformas dictadas por Tel Aviv, Washington y Bruselas. Muchas de ellas, conocidas desde hace años. En febrero Abás aprobó un decreto para retirar las pensiones a las familias de los presos encarcelados en Israel o asesinados por sus militares. Mártires a ojos de los palestinos, terroristas a ojos del Estado judío. Una vieja reivindicación israelí que finalmente ha sido aceptada, a pesar de la impopularidad interna de la medida. No es la única. Ramala también ha anunciado la revisión de los libros de texto palestinos para adaptarlos a los estándares de la UNESCO, unos libros escolares que, según Israel, incitan al odio y promueven el antisemitismo.

Esas alegaciones fueron en gran medida refutadas por un estudio financiado por la Unión Europea en 2021 y encargado a una empresa alemana. Allí se decía que las alegaciones israelíes son «exageradas», sin bien expresan «una narrativa de resistencia» frente a la ocupación y antagonismo hacia Israel. Nadie nunca le ha pedido, sin embargo, al Estado judío que haga lo propio.

¿Elecciones a la vista?

En el plano político, también se han dado algunos pasos. La pasada primavera, Abás, que tiene 89 años, nombró por primera vez a un potencial sucesor, como le exigían sus socios árabes y occidentales. Pero lejos de entregar el testigo a una nueva generación, escogió a Hussein Al Sheikh, un veterano de 61 años que dirigía entonces el comité ejecutivo de la OLP. «Tanto Israel como Arabia Saudí querían a Sheikh por sus conexiones con Israel y EEUU. No es un político limpio ni tiene respaldo popular», asegura un buen conocedor de los entresijos palestinos. Paralelamente el presidente anunció que se celebrarán elecciones en el plazo máximo de un año desde el final de la guerra en Gaza. Una demanda que, en este caso, coincide también con los deseos de su pueblo. No hay elecciones en la Palestina ocupada desde 2006, cuando las ganó Hamás. Un año después dejó de operar el Parlamento, lo que concedió también al presidente el poder de legislar. Una acumulación de poder que ha contribuido al sesgo autoritario de su régimen.

Y luego harían faltan otras reformas más técnicas, de corte administrativo y económico. Entre otras cosas, para reducir la corrupción. «Son cuestiones relacionadas con las finanzas, la transparencia, el presupuesto o la reducción del cuerpo de funcionarios de la ANP», explica el profesor de la Universidad de Birzeit y exministro palestino, Ghassan Khatib. Muchas de estas reformas son un clamor popular de la calle desde hace años. «Necesitamos más transparencia, más eficiencia y necesitamos elecciones. De modo, que creo que las reformas ayudarán a mejorar la credibilidad de la ANP», añade Khatib.

Otros tienen más dudas. «Hay un gran distanciamiento entre la población y la ANP. Los ven como colaboracionistas y corruptos, más preocupados por complacer a Israel y EEUU que en proteger a su pueblo», afirma la periodista Shuruq Asad, afincada en Ramala. Asad apunta además a un problema de fondo más complicado de resolver por la inexistente falta de voluntad europea y estadounidense. «Que alguien me explique cómo pueden salir bien las reformas si no tenemos soberanía, libertades o control sobre nuestro comercio. Necesitamos reformas, pero también medidas para acabar con la ocupación israelí», añade la periodista.

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