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El Gobierno pide a Polonia que impulse la oficialidad del catalán durante su próxima presidencia de la UE
Lo que empezó como un movimiento estratégico del Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir el apoyo de los grupos catalanes a su investidura se ha convertido en una de las prioridades de la política exterior española. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha enviado una carta a su homólogo polaco, Radosaw Sikorski, para que durante la presidencia de turno de…
Lo que empezó como un movimiento estratégico del Gobierno de Pedro Sánchez para conseguir el apoyo de los grupos catalanes a su investidura se ha convertido en una de las prioridades de la política exterior española. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha enviado una carta a su homólogo polaco, Radosław Sikorski, para que durante la presidencia de turno de Polonia del Consejo Europeo, a partir de enero, se siga impulsando al catalán, gallego y euskera como lenguas cooficiales de la Unión Europea (UE).
Lo ha hecho por carta, según ha adelantado el diario La Vanguardia y han confirmado a este periódico desde el Ministerio de Exteriores. La noticia se conoce justo en el momento en que Junts da señales de que va a ponerle difícil al Gobierno de coalición el apoyo al proyecto de presupuestos. “Se trata de un esfuerzo constante y continuado”, apuntan, sin embargo, fuentes oficiales de Exteriores.
En la misiva, Albares pide que se siga impulsando la propuesta de España para reformar el reglamento que fija el régimen lingüístico de la Unión Europea para que su artículo 1 pase a incluir el catalán, el gallego y el euskera entre las lenguas oficiales y de trabajo de la Unión Europea. Argumenta el jefe de la diplomacia española que el objetivo es acercar la UE a los ciudadanos y lograr una mayor identificación de los mismos con las instituciones europeas con el reconocimiento de la diversidad lingüística europea.
Negociaciones del presupuesto con Junts
Los grupos catalanes llevaban años pidiendo al Gobierno de Sánchez que buscara la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, pero no fue hasta agosto de 2023 que Albares registró en el Consejo Europeo la petición formal del Gobierno, en forma de carta, pidiendo que as lenguas cooficiales en España lo sean también en el Parlamento Europeo como la Comisión. Que los documentos oficiales deban traducirse a catalán, euskera y gallego y que los eurodiputados o los ciudadanos puedan usarlos al dirigirse a las instituciones europeas. Con este paso se desbloqueó la investidura al conseguir el apoyo de Junts y ERC.
Desde entonces, Albares no ha cejado en un empeño que, por el momento, sigue sin consumarse, por la reticencia de varios países del Consejo, que temen que se abra la espita para reclamaciones similares de otros Estados. El ministro ordenó por telegrama a todos los embajadores de España en los países de la UE que se aplicaran al máximo en una tarea que pasaba a considerarse tarea “priotaria”, según adelantó este diario.
Recientemente, se ha reunido para hablar del tema con la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola. El impulso diplomático fue elevado a rango de clave para la política exterior española en la reunión anual de embajadores junto a Pedro Sánchez y el rey Felipe VI en enero de este año.
Petición a Italia de apoyo al catalán en la UE
El jefe de la diplomacia española también ha hecho la petición formal al Gobierno italiano, según la información de La Vanguardia que ha sido confirmado a este diario por fuentes diplomáticas. Lo ha hecho esta semana el ministro Albares en un encuentro con el vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Antonio Tajani, en el marco de una reunión bilateral coincidiendo con la visita de los Reyes a Roma.
El Gobierno de España ha tratado de acercar las posturas de los más reticentes prometiendo hacerse cargo de los costes (en traducción y tramitación de documentos, entre otros) que supondría añadir tres lenguas más a las que ya operan en la UE. Y niega que vaya a abrir la puerta a reclamaciones similares, entre otras cosas porque hay una asimetría que distingue a las lenguas españolas de otras: están incluidas en la Constitución.
Por el momento, más de un año después del lanzamiento de la iniciativa, esta sigue encallada en el Consejo de la Unión Europea. Se requiere una unanimidad de los 27 países que, por el momento, parece lejana.