El fiscal del Supremo insiste en la inhabilitación del presidente de la RFEF: “Todo el expediente es prevaricador”

El fiscal Javier Huete ha insistido este miércoles en la vista celebrada en el Tribunal Supremo para determinar si mantiene la inhabilitación de 7 años que estableció la justicia contra el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán,  que “todo el expediente que se genera para autorizar ese pago es prevaricador”. Según su versión, el sucesor de Luis Rubiales pretendía “enmascarar” la decisión de adjudicar un contrato a una constructora. Además, el fiscal destaca que los condenados idearon “un sistema alternativo al margen” de la normativa “para llevar a cabo su voluntad”.

Por su parte, la defensa letrada de Louzán ha defendido que su cliente no ha prevaricado, al considerar que la obra en cuestión sí se ejecutó, por lo que ha pedido la anulación de la condena.

Sobre Louzán pesa una inhabilitación por siete años, que aún no es firme. Le fue impuesta en relación con un gasto 86.311 euros abonado en 2013 por la Diputación de Pontevedra, que él presidía, para unas obras de mejora en el campo de Fútbol de Moaña que ya habían sido en su mayor parte realizadas. La inhabilitación fue confirmada por la Audiencia Nacional en 2022, y el alto tribunal debe analizar el recurso presentado por la defensa contra dicha condena, que impide que Louzán pueda ocupar un cargo público. La vista del Supremo ha sido presidida por el magistrado Julián Sánchez Melgar, y ell ponente de la sentencia será el juez Pablo Llarena.

En su escrito de acusación, la Fiscalía considera que no existe la infracción de ley alegada por la defensa para tratar de anular la condena. “Constan todos los elementos nucleares y periféricos del delito de prevaricación”, afirma el Ministerio Público en su recurso. La decisión que el Supremo adopte tras la vista es importante porque, de no aceptarse su recurso, la inhabilitación de Louzán adquirirá firmeza. Los estatutos de la RFEF recogen que un inhabilitado para ocupar un cargo público no puede ocupar ningún cargo en la institución, si bien Louzán defiende que dicho veto no le es aplicable. La decisión del Supremo, en todo caso, puede tardar semanas en conocerse.

“Simulación, arbitrariedad y favoritismo”

La sentencia, según el representante del Ministerio Público, describe “el acuerdo y voluntad orquestada” de Louzán y el resto de sancionados por este asunto de otorgar unas segundas obras en el campo de fútbol de Moaña a la misma empresa que había ejecutado las primeras -Eiriña- “con una simulación absoluta de aparentar ajustarse a un procedimiento legal, para evitar toda sospecha de arbitrariedad y favoritismo”. Para ello los responsables de otorgar el contrato simularon incluso la participación de terceras empresas, sin que fuera elaborado un expediente real de contratación.

Argumentos de la defensa que recurrió la sentencia por infracción de ley, alegando que el entonces responsable de la federación gallega no dictó ninguna resolución arbitraria, puesto que la ley no exigía que las obras en Moaña siguieran un proceso negociado con publicidad. Según su recurso, la Ley General de Subvenciones permite la aplicación directa de este tipo de ayudas a obras ya ejecutadas y que las que se tuvieran que hacer de modo complementario fueran encargadas al contratista principal. Ello haría inexistente el delito de prevaricación por el que Louzán fue inhabilitado, que fue además impuesto en contradicción con la jurisprudencia del propio Supremo al respecto.

Pero la Fiscalía no comparte esta tesis, y en su informe, al que ha tenido acceso este diario, recuerda los hechos probados de la sentencia que ahora se discute. En ella se dice que Eriña S.L. había realizado obras no contempladas en el proyecto y que como ya entonces, en 2013, era previsible que dicho incremento no podría abonarse, “se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley” para pagar dicho importe. Lo diseñó el propio Louzán como presidente de la Diputación de Pontevedra, junto con el director de Infraestructuras Manuel Ángel González, el representante de la empresa Jaime Manuel Alvariñas y su administrador, Enrique Alonso.