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De un inhabilitado a otro: Louzán suma apoyos para suceder a Rocha como presidente de la RFEF

Pedro Rocha no será el próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Lo ha intentado hasta el final, pero la Justicia ordinaria ha desestimado por tercera vez concederle medidas cautelares para dejar en suspenso su inhabilitación administrativa durante dos años, impuesta por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en el mes de julio.Seguir leyendo….

Santo Domingo - Publicado hace

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Pedro Rocha no será el próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Lo ha intentado hasta el final, pero la Justicia ordinaria ha desestimado por tercera vez concederle medidas cautelares para dejar en suspenso su inhabilitación administrativa durante dos años, impuesta por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en el mes de julio.

A pesar de esa inhabilitación, de estar imputado en el caso Supercopa y de haberse puesto un sueldo de 600.000 euros que no le correspondía como presidente de la gestora, el ‘establishment’ federativo, compuesto por los presidentes de las federaciones territoriales, estaba convencido de apoyarle si la Audiencia Nacional atendía su último intento para poder presentarse. Una muestra clara de cómo funcionan las luchas de poder en la RFEF.

Ya, de manera definitiva, con Rocha fuera de la ecuación, estos mismos barones territoriales buscan pactar una vía de consenso. Es decir, una candidatura que reciba el apoyo de todos ellos y bloquee, en la práctica, cualquier posible intento de un agente externo para poder alcanzar el poder federativo. El sistema de elección, con acusados tintes clientelares, les facilita esa labor, siempre que sean capaces de ponerse de acuerdo.

El perfil de Rafael Louzán

Y de un inhabilitado por vía administrativa, como es Rocha, se están planteando pasar a otro, en su caso por vía judicial. Rafael Louzán, presidente de la federación gallega, es quien está moviendo los hilos para heredar el trono del dirigente extremeño y ser el candidato de consenso de los barones territoriales. Una vía que nace manchada, pues Louzán está a expensas de que el Supremo resuelva sobre un caso de prevaricación cuando era presidente de la Diputación de Pontevedra.

Dirigente histórico del PP de Galicia, en mayo de 2022 fue inhabilitado para ocupar cargos públicos durante siete años por prevaricación. La Audiencia Provincial de Pontevedra le consideró culpable de apoyar una subvención de 86.311 euros para que una empresa ejecutara unas obras que estaba, en su mayoría, en ejecución. Para mayor escarnio en el caso que ocupa, dichas obras eran para el acondicionamiento y mejora de un campo de fútbol, en la localidad de Moaña.

Louzán recurrió dicha pena de inhabilitación al Supremo y está pendiente de que el Alto Tribunal decida sobre su recurso. Y a eso es a lo que se agarra el dirigente gallego para considerar legalmente elegible para la presidencia de la RFEF.

¿Es Louzán elegible como presidente de la RFEF?

En el caso de la Federación Gallega, no hay espacio para la duda, puesto que ni los estatutos de la federación autonómica ni los de Galicia recogen que la inhabilitación para cargo público sea un impedimento para ejercer un cargo federativo. En este punto, es importante recordar que las federaciones deportivas son entidades privadas, aunque tengan funciones públicas delegadas.

La Orden Ministerial que regula las elecciones de las federaciones deportivas nacionales sí introduce esa limitación, aunque con el matiz de que esta se producirá cuando exista una “sentencia judicial firme”. Los Estatutos de la RFEF, por su parte, recogen que es requisito para ocupar un cargo federativo “no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos”, sin mayor matiz.

Louzán defiende en privado, y sobre todo ante los barones territoriales, que no tiene impedimento para presentarse, al no ser firme en vía judicial su inhabilitación. Una interpretación con la que coinciden diversos juristas. Otros, en cambio, tienen más dudas, si bien Louzán ha ocupado cargos en la RFEF de Rubiales sin que nadie se opusiera. ¿Nadie reparó en ello o no había caso? Esa es la duda razonable que podría acabar en el TAD.

La posibilidad de una impugnación

La candidatura de Louzán, en el mejor de los casos, se expone a una impugnación por este motivo, en lo que sería un nuevo escarnio para una RFEF ya muy castigada por escándalos judiciales y administrativos. Y si saliera elegido y el Supremo ratificara la inhabilitación, estaría obligado a abandonar la presidencia federativa, al quedar ya agotada cualquier opción de recursos. En caso de absolución, eso sí, esa carpeta quedaría cerrada y podría seguir ejerciendo con normalidad.

Y una impugnación, claro está, dilataría aún más un proceso electoral que ya está siendo mirado con lupa por la UEFA y la FIFA, que está harto del desgobierno que reina en la RFEF desde que empezó el caso Rubiales. El Mundial 2023 se asignará oficialmente el próximo día 11 y para entonces las dos instituciones quieren ver encarriladas las elecciones.

¿Es ir demasiado lejos considerarle casi presidente? Pues no tanto. Porque si de verdad es capaz de reunir las voluntades de la totalidad de los barones territoriales, lo más probable que sea proclamado presidente sin necesidad de acudir a elecciones.

Las opciones de Gomar y Morales

A este respecto, había una segunda candidatura que estaba tratando de recoger el consenso de los barones, la que abanderaba Salvador Gomar. El valenciano habría llegado a un acuerdo con el andaluz Pablo Lozano para capitanear ese grupo de consenso. Sin embargo, en la reunión celebrada el pasado miércoles en Madrid que destapó ‘Relevo’, quedó claro que Louzán se postula como único candidato. Tampoco Gomar está del todo ‘limpio’, ya que en noviembre de 2022 un grupo de exdirectivos de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana (FFCV) presentó ante la Fiscalía Especial Anticorrupción de Valencia y la Dirección General de Deportes de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte una denuncia contra él por unos presuntos delitos de malversación, prevaricación y apropiación indebida.

La única vía externa a los barones territoriales sería la de Juanma Morales si consigue que 21 de los 122 asambleístas le concedan su aval, una misión que la experiencia demuestra complicada cuando las federaciones autonómicas cierran filas. La resolución llegará el 3 de diciembre (próximo martes), que es cuando se cierra el plazo para la formalización de las candidaturas a la presidencia. Si es que hay más de una, claro.

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